IRPH (Índice de Referencia Préstamos Hipotecarios)

 

 

 

 

 

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González Hidalgo Abogados está formado por especialistas de Derecho Bancario en Málaga, conocedores de las peculiaridades en esta provincia.

Nos encargaremos de todo el proceso, y no pagará nada hasta que usted cobre.

 

 

Después de producirse en los Juzgados de Primera Instancia y en las Audiencia Provinciales, diversas corrientes doctrinales sobre la posible abusividad del denominado IRPH (ya fuere IRPH Cajas o IRPH Conjunto de Entidades), los consumidores sufrieron un duro varapalo con la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2.017, que realmente dejaba sin margen a los jueces especializados para anular la referenciación al IRPH en los préstamos hipotecarios a interés variables celebrados en operaciones con consumidores. Y desde entonces son pocos los pronunciamientos favorables.

 

No obstante, el 3 de marzo de 2020 se ha publicado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que de forma clara enmienda el criterio de la Sala Primera del Tribunal Supremo, declarando en síntesis:

 

1.- Que la Directiva 93/13/CEE es de aplicación a la cláusula de un contrato de préstamo hipotecario celebrado entre un consumidor y un profesional que estipule que el tipo de interés aplicable al préstamo se base en uno de los índices de referencia oficiales establecidos por la normativa nacional y que las entidades de crédito pueden aplicar a los préstamos hipotecarios, cuando esa normativa no establezca ni la aplicación imperativa del índice en cuestión con independencia de la elección de las partes en el contrato ni su aplicación supletoria en el supuesto de que las partes no hayan pactado otra cosa.

 

Es decir, que la Directiva se aplica a consumidores que hayan contratado con IRPH.

 

2.- Que los tribunales de un Estado miembro están obligados a examinar el carácter claro y comprensible de una cláusula contractual que se refiere al objeto principal del contrato.

 

Es decir, que es obligatorio que el Juez entre a valorar la transparencia de la cláusula, como ocurre con las cláusulas suelo.

 

3.- Que para cumplir con la exigencia de transparencia de una cláusula contractual que fija un tipo de interés variable en un contrato de préstamo hipotecario, dicha cláusula no solo debe ser comprensible en un plano formal y gramatical, sino también permitir que el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, esté en condiciones de comprender el funcionamiento concreto del modo de cálculo del referido tipo de interés y de valorar así, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas, potencialmente significativas, de dicha cláusula sobre sus obligaciones financieras. Constituyen elementos especialmente pertinentes para la valoración que el juez nacional debe efectuar a este respecto, por un lado, la circunstancia de que los elementos principales relativos al cálculo del mencionado tipo de interés resulten fácilmente asequibles a cualquier persona que tenga intención de contratar un préstamo hipotecario, dada la publicación del modo de cálculo de dicho tipo de interés, y, por otro lado, el suministro de información sobre la evolución en el pasado del índice en que se basa el cálculo de ese mismo tipo de interés.

 

Es decir, se habrá de probar por la entidad financiera la información dada al consumidor antes de firmarse el préstamo, y comprobar si es suficiente para determinar que se han cumplido con los deberes de transparencia, como se interpretó en relación a las cláusulas suelo.

 

En este punto aún se habrá de aclarar por los Tribunales qué tipo de información pre-contractual es suficiente, pero parece claro que no basta con el hecho de referenciarse el préstamo a IRPH en la escritura pública, ni en la oferta vinculante o FIPER, sino que la entidad financiera deberá probar que la información dada es suficiente para entender la consecuencias potencialmente significativas sobre las obligaciones financieras. Lo cual cambia radicalmente las perspectivas de este tipo de procedimientos, en los que parece indudable que exigirá a la entidad financiera probar haber dado información suficientemente clara y comprensible de lo que implica referenciar el préstamo a IRPH.  

 

4.- Que no es contrario a la Directiva que, en caso de declaración de nulidad de una cláusula contractual abusiva que fija un índice de referencia para el cálculo de los intereses variables de un préstamo, el juez nacional lo sustituya por un índice legal aplicable a falta de acuerdo en contrario de las partes del contrato, siempre que el contrato de préstamo hipotecario no pudiera subsistir tras la supresión de la cláusula abusiva y que la anulación del contrato en su totalidad dejara al consumidor expuesto a consecuencias especialmente perjudiciales.

 

Es decir, no es contrario a la Directiva, en caso de nulidad de la cláusula IRPH, sustituirla por ejemplo por Euribor, siempre que el contrato no pueda subsistir de otro modo. En este punto la discusión continuará sobre si el contrato puede o no subsistir de otro modo, si bien lo previsible es que se interprete, como en las cláusulas de vencimiento anticipado, que el contrato no puede subsistir de otro modo (con lo cual no estamos en absoluto de acuerdo), y en caso de obtener la nulidad, el índice IRPH se sustituya por otro índice, como el Euribor.

 

¿Qué necesito para reclamar?

 

Sólo necesitas contactar con nosotros para que te informemos de todo lo necesario para la reclamación. Haremos un análisis de viabilidad previo y gratuito. En caso de resultar positivo, te propondremos comenzar con la reclamación.

 

Como primer paso para dicho análisis, te pediremos sólo la escritura de préstamo hipotecario. Si estás interesado/a en otras reclamaciones adicionales (por ejemplo, gastos hipotecarios), te pediremos documentación adicional. También si de la escritura no se desprende claramente que se trata de una operación de consumo, pediremos documentación adicional.

 

¿Cuál es el procedimiento de reclamación?

 

Una vez firmemos el contrato, podrás decidir si comenzamos la reclamación acudiendo al Servicio de Atención al Cliente, o mediante demanda judicial directamente.

 

El procedimiento es un procedimiento que la Ley de Enjuiciamiento Civil define como proceso ordinario, y que se tramita en los juzgados especializados creados para este tipo de reclamaciones en materia de condiciones generales de la contratación. El tiempo de tramitación es variable, puesto que depende del Juzgado, si bien estos Juzgados tienen un alto grado de saturación, y por tanto los tiempos de tramitación no son cortos, pero reclamamos en cualquier caso todas las cantidades abonadas en exceso y sus intereses, de modo que en caso de resultado favorable del procedimiento, la entidad financiera restituiría todo lo abonado en exceso en las cuotas y sus intereses legales.

 

La sentencia sería recurrible en apelación por cualquiera de las partes a la Audiencia Provincial, y finalmente al Tribunal Supremo, si bien en caso de resultado favorable en primera instancia, la sentencia puede ejecutarse provisionalmente aunque esté recurrida.

 

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